Además de las actividades mineras, el Alto Atrato ha vivido una historia preocupante de desplazamiento forzado asociado al conflicto armado interno. Decenas de comunidades étnicas de zonas rurales han debido dejar su territorio para encontrar refugio en otras veredas o en las cabeceras municipales o departamentales.

A pesar de esta historia, hoy en día, tanto las comunidades desplazadas como las receptoras afrontan una nueva ola de desplazamiento forzado. Especialmente por dos fenómenos: el desplazamiento “gota a gota” y la expulsión indirecta asociada con la titulación de tierras a empresas transnacionales

Aquí te explicamos cuáles derechos, dónde y por qué.

En la subregión del Alto Atrato (municipios de Atrato, Bagadó, Cértegui y Lloró) cohabitan Comunidades Negras, Afrocolombianas e Indígenas. En particular, gran parte de este territorio hace parte del título colectivo de Cocomopoca Ver mapa, un conjunto de “familias afrodescendientes que se adaptaron al medio ambiente, realizaron sus prácticas culturales y conformaron relaciones de parentesco y solidaridad en relación al poblamiento de las cuencas cercanas y quebradas, en especial los ríos Atrato, Andágueda, Capá y Tumutumbudó” hace más de 350 años Ver PDF.

No obstante, desde los años 80 las actuaciones de los grupos armados irregulares generaron olas de desplazamiento forzado masivos en las comunidades rurales de estos territorios Ver tabla. Los mayores picos se concentraron a finales de los noventa (1997-2000) y en la segunda mitad de los años dos mil (2005-2010).
Ver Gráfica

En el territorio de Cocomopoca, en particular, se estima que de los 43 consejos locales del Consejo Mayor, 13 de ellos fueron totalmente abandonados para 2014. Según la Unidad de Restitución de Tierras “sus habitantes se encuentran en situación de desplazamiento al interior del consejo comunitario, en cabeceras municipales y en diferentes ciudades del país. Además, otros 15 consejos locales tienen muy reducida su población frente a la que existía para el año 1999.”

Estos antecedentes nos permiten asegurar que las comunidades de Cocompoca se encuentran en situación de vulnerabilidad manifiesta por el impacto desproporcionado del conflicto armado interno sobre ellas.

Además del desplazamiento forzado asociado con el conflicto armado, en Cocomopoca sucede un fenómeno aún más preocupante: el desplazamiento “gota a gota,” o el abandono de las comunidades rurales de su territorio de forma paulatina e impulsado por cuatro factores:

1. Las transformaciones territoriales causadas por la minería mecanizada.

Muchos de los impactos socio-ambientales vistos en Medio Atrato se replican en el Alto Atrato, obligando a las comunidades a desplazarse en busca de mejores oportunidades de subsistencia, trabajo y salud.

2. Desinversión en los servicios públicos de las comunidades.

Todas las comunidades cuentan con servicios de atención médica y educación extremadamente deficientes. Ninguna comunidad cuenta con sistemas de saneamiento básico ni de provisión de agua potable para el consumo. Aunque por cientos de años las comunidades hayan habitado el territorio de forma armónica con su entorno, las transformaciones ambientales por minería han incrementado la necesidad de servicios sociales y domiciliarios. Su ausencia genera una fuerte presión para que las comunidades abandonen su territorio.

3. Afectación de civiles durante las dinámicas del conflicto armado.

En los últimos años se han presentado bombardeos del ejército en operativos militares contra-insurgentes que dañan a la población civil Ver link. Además, se ha denunciado que los batallones locales del ejército reciben dineros de empresas con títulos mineros para la protección de sus actividades Ver Documento.

Por otro lado, las guerrillas instalan minas antipersonales que confinan a las comunidades (impidiéndoles la libre locomoción y de paso sus prácticas agrícolas y de caza). Además, mediante reclutamientos forzados de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, las guerrillas buscan controlar a las comunidades y adelantar actividades de extracción minera, o lucrarse de las que ya existen. En los centros poblados, los grupos paramilitares pos-desmovilización intentan cooptar a las autoridades locales para también impulsar extracción auro-platinífera mecanizada. Todas estas actuaciones incrementan la vulnerabilidad de las personas y las obligan a desplazarse.

(Presentación Casos Chocó)

4. Intereses en realizar minería a gran escala
en el territorio de Cocomopoca.

Por doce años, el Incora y el Incoder fueron negligentes ante la solicitud de titulación colectiva de Cocomopoca (1999-2011). Ver gráfica Mientras tanto, las autoridades mineras entregaron 25 títulos de concesión mineras a actores privados entre 2008 y 2011 Ver mapa - Ver mapa físico.

Esta actuación claramente desconoció la Ley 70 de 1993 Ver gráfica y la situación de vulnerabilidad manifiesta de la población desplazada del Alto Andágueda.
(--- antecedentes y continuidad del desplazamiento forzado --- )

Entre los actores privados interesados en el territorio de Cocomopoca se encuentran:

Var mapa

En 2014, Cocomopoca interpuso una demanda de restitución de derechos territoriales inspirada en la acción adelantada por y fallada y a favor del Resguardo Tahami del pueblo Embera Katio. En el proceso de dicha demanda se conoció que tres de las empresas con títulos y solicitudes mineras tienen un acuerdo para entregar dichos territorios a una de las empresas más grandes de extracción y comercialización de commodities en el mundo: Glencore.

El fallo definitivo de la acción Ver PDF se espera en 2016, en donde es probable que se ordene la nulidad de los títulos otorgados a grandes empresas. Cualquiera sea el fallo, en esta plataforma le haremos seguimiento.

Finalmente, el caso de las AEM visto en territorio de Cocomacia se replica en Cocomopoca, incrementando aún más las presiones por la apropiación de los territorios de comunidades negras Ver mapa

Los cuatro factores descritos aquí se potencian entre sí, generando presiones socio-ambientales, económicas y humanitarias que desplazan a las comunidades rurales fuera de sus preciadas veredas. Es una revictimización promovida por foráneos dueños de entables mineros mecanizados, actores armados (legales e ilegales) y las instituciones civiles del Estado (las que no invierten en los servicios básicos de las comunidades, las que demoran injustificadamente la titulación colectiva, de paso dinamitando la gobernabilidad étnica, y las que conceden el subsuelo a empresas transnacionales o lo reservan para subastarlo a dichas empresas).